“Hacemos un llamado a las autoridades sobre la imperiosa necesidad de proteger y garantizar la labor que cumplen los funcionarios públicos y brindar las condiciones de seguridad para las elecciones locales que se aproximan. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan con las armas en nuestra democracia”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Reiteró su rechazo a las amenazas e intimidaciones de las que fue víctima Ider Álvarez García, alcalde del municipio de la Playa de Belén en Norte de Santander. “Es lamentable que ante las reiteradas amenazas por parte de grupos armados ilegales que delinquen en la zona, el alcalde haya renunciado a su cargo y salido del país”, dijo Carlos Camargo Assis.
Desde que se conocieron las primeras situaciones de riesgo para la vida e integridad del alcalde, la Defensoría del Pueblo, a través de la Regional Ocaña, puso en conocimiento la situación de vulneración de derechos humanos en consejos de seguridad, activó rutas de atención y solicitó a la autoridad competente medidas adicionales para su protección y para poder ejercer la labor en el municipio.
En un encuentro realizado recientemente con alrededor de 100 mandatarios locales y directivos de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), Carlos Camargo Assis manifestó que para poder enfrentar a los grupos de crimen organizado y grupos armados ilegales, se requieren gobiernos regionales fortalecidos y un gobierno nacional comprometido con la seguridad en los territorios y la protección de las comunidades más vulnerables.
El Defensor del Pueblo manifestó que, además del alcalde de Playa de Belén, han tenido que salir de sus territorios por amenazas contra su vida e integridad los alcaldes de Tibú, en Norte de Santander; Bagadó, Sipí, Lloró y San José del Palmar en Chocó y el de Cartagena del Chairá en Caquetá.
“Debemos poner la lupa sobre estos hechos, pues estamos en un momento definitivo en el que tenemos que impedir que actores armados ilegales tomen el control y sigan amenazando a los mandatarios locales, por el contrario de deben dar todas las medidas para que ejerzan su labor sin ningún temor. No podemos seguir permitiendo que pasen situaciones como la del alcalde de Playa que tuvo que dejar su hogar, su familia y su país por el miedo de repercusiones a su vida e integridad por el hecho de estar haciendo su trabajo”, concluyó el Defensor del Pueblo.
